La Fundación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados comisionó a Estudios Técnicos, Inc. este estudio con el propósito de aportar a la discusión pública sobre la estructura municipal de Puerto Rico. A raíz de la crisis fiscal del país y ante la incertidumbre que la misma genera para los municipios, se ha vuelto imperante repensar la estructura administrativa actual para atemperarla a la realidad socioeconómica de la Isla. Dentro de este contexto, es fundamental incrementar la transparencia y la disponibilidad de información para así lograr reformas concretas que fomenten la gobernanza sostenible y democrática. Mediante esta investigación se encamina el desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la eficiencia de la estructura municipal en Puerto Rico y a promover un ordenamiento eficiente de los servicios al ciudadano.
El Informe del CIPP de 2013 destacó que gran parte de los municipios de Puerto Rico presentan finanzas muy delicadas. Mencionó específicamente que existen 70 municipios con una posición neta de activos (no restringidos) negativa; 50 municipios con un déficit de ingresos sobre gastos en su fondo general; 43 municipios con déficit acumulado en su fondo general; 24 municipios que gastaron más del 15% de su ingreso en pago de deuda; y 40 municipios con más de 40% de sus ingresos operacionales provenientes del gobierno estatal.
La conclusión fundamental de la investigación es que la estructura municipal de Puerto Rico presenta un sinnúmero de deficiencias que impiden el cumplimento cabal de los objetivos principales de la Ley Núm. 81- 1991, mejor conocida como la Ley de Municipios Autónomos. Estos son: (1) Otorgarle a los municipios un mayor grado de autonomía fiscal y gobierno propio para que puedan atender cabalmente sus responsabilidades con sus ciudadanos; (2) Promover la participación ciudadana; y (3) Brindarle a los municipios los poderes y facultades necesarias para que asuman una función central en el desarrollo socioeconómico.
Las recomendaciones generales de este estudio fueron establecidas por fases, entre éstas:
- Fortalecer la estructura municipal
- Mejorar la planificación y la difusión de información
- Mejorar el sistema de medición de los gobiernos locales
- Analizar la creación compulsoria de consorcios para municipios vulnerables
- Crear un mecanismo con facultades de supervisión y control fiscal
- Perfeccionar el marco institucional